Desde la entrada en vigor del nuevo Baremo (Ley 35/2015), que regula los criterios y aspectos a tener en cuenta para la valoración del daño personal causado a raíz de un accidente con vehículo a motor y que introdujo importantes modificaciones, una de las cuestiones que más interés está causando es la pérdida de calidad de vida leve.

Cómo se define la indemnización por perjuicio moral

El Artículo 107 del nuevo Baremo de Trafico define la indemnización por el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por secuelas indicando:

“La indemnización por pérdida de calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por las secuelas que IMPIDEN O LIMITAN su autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su desarrollo personal mediante actividades específicas.”

Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio se regulan en el Artículo 109 definido como “Medición del perjuicio por pérdida de calidad de vida” y lo define en cuanto a su graduación indicando:

“2. Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio son la importancia y el número de actividades afectadas y la edad del lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio”

Además, la Ley también hace referencia a las Actividades específicas del desarrollo personal (Art. 54) y a los Grados del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida (Art. 108).

Artículo 54. Actividades específicas del desarrollo personal

“A efectos de esta Ley se entiende por actividades de desarrollo personal aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad.”

Artículo 108. Grados del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida

“5. El perjuicio leve es aquél en el que el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal. El perjuicio moral por la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas.”

Secuelas por las que se puede reclamar

Por tanto, con esta nueva regulación nos encontramos que este concepto es reclamable a partir de seis puntos de secuela o bien aquellas secuelas –con independencia de su número- que causen la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo.

Establecido el perjuicio debe entrarse en la graduación del propio concepto; para ello hay que valorar la afectación que tiene en las actividades específicas del desarrollo personal.

Asimismo, hay que atender para graduar dicha pérdida de calidad de vida leve la edad del lesionado/a, la importancia y el número de actividades afectadas así como la previsible duración del perjuicio.

Judicialmente nos estamos encontrando en la valoración de actividades lúdico o deportivas, de ocio, actividades de placer, etc.; es decir aquéllas, de la vida personal del perjudicado/a en su esfera personal como realización como persona o como expresa literalmente el Artículo 54 aquellas actividades específicas del desarrollo personal para “la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad”.

Así las cosas, estamos valorando para la graduación de dicho perjuicio, la limitación o imposibilidad de realizar actividades como  jugar a futbol, ir en bicicleta, hacer yoga, correr, nadar, actividad sexual o actividades de la vida cotidiana.

Una cuestión que se empieza a dar con frecuencia es si esa limitación o imposibilidad debe ser de actividades que realizaba la persona con anterioridad al accidente o pueden ser actividades que pudiera hacer hecho en el futuro.

A mi juicio está claro que entran ambos aspectos por cuanto así lo ha querido nuestro legislador y queda perfectamente englobado en el principio rector del nuevo baremo; la reparación íntegra del daño.

Jurisprudencia sobre este tema

La jurisprudencia en general reconoce la pérdida de calidad de vida. En este sentido la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16, en su Sentencia de 30 de septiembre de 2016 resolvió:

No es ocioso subrayar que esa doctrina legal se ha convertido en norma imperativa merced a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre (EDL 2015/156576), de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación , no aplicable al caso por razones temporales, que introduce los conceptos de «pérdida de autonomía personal» (menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de las actividades esenciales de la vida ordinaria) y de «pérdida de desarrollo personal» (menoscabo que impide o limita la realización de actividades específicas de desarrollo personal, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica deportiva, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo), y hace gravitar sobre ellos la apreciación de un perjuicio personal particular complementario del perjuicio básico, de naturaleza estrictamente moral, en atención a la mayor o menor gravedad de la «pérdida de calidad de vida » ocasionada por las secuelas o las lesiones temporales, sin perjuicio del resarcimiento del perjuicio estrictamente patrimonial en forma de lucro cesante también en ambos tipos de daños.

(…)

El expresado cuadro secuelar sin duda ha de repercutir negativamente en la calidad de vida de la víctima, ya que, aun sin disminuir sensiblemente su autosuficiencia (no se comprometen las actividades esenciales de la vida ordinaria), sin embargo forzosamente verá restringida su realización personal tanto en el ámbito doméstico como en la esfera social, no en vano la agravación de la artrosis habrá de impedirle la realización de actividades (deambulación autónoma) que hasta entonces venía realizando.”

De acuerdo con lo anterior, si se encuentra ante unas lesiones con secuelas superiores a seis puntos o bien que han afectado a la actividad laboral o profesional que venía ejerciendo antes del accidente puede reclamar el concepto de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida leve.

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Fueron ponentes D. Josep Grau Gassó (Magistrado de la Sección 3a Penal de la  lAudiencia Provincial de Barcelona); Dª Miriam de Rosa Palacio (Magistrada del Juzgado de Instrucción núm. 10 de Barcelona) ; Dª. M. Julia Sabando Seguí, (Juez  del Juzgado de Primera Instancia i Instrucción núm. 2 de Esplugues de Llobregat);  Dª. Isabel López Riera (Fiscal Delegada de Seguridad Vial de la Fiscalia Provincial de Barcelona) y D. José Luis Ramírez Ortiz, (Magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona).

Tras debatir extensamente sobre la nueva reforma, y exponer cada uno de ellos de manera razonada sus argumentos, lo que quedó claro es que pasaran varios meses, sino años, antes de que las bases de esta nueva reforma queden asentadas. Lo cierto es que hubo discrepancias sobre qué hacer respecto de los juicio de faltas que versan sobre accidentes acontecidos antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, es decir, antes del 1 de julio de 2015; sobre los accidentes que suceden antes del dia 1 de julio pero cuya denuncia aún no estaba presentada al entrar en vigor esta nueva Ley y los acontecidos con posterioridad a este 1 de julio.

Sobre los juicio de faltas que ya estaban en trámite antes del 1 de julio, se celebrarán únicamente respecto la responsabilidad civil. Es debate se centró en el hecho de qué se entendía sobre ello. Es decir, si solo entrarían a tratar el tema de la responsabilidad civil cuando se entendiera que el hecho hubiera sido constitutivo de un ilícito penal -aunque ahora no fuera punible- o bien si se entraría también en el tema de dicha responsabilidad en todo los juicios de faltas. Asimismo tampoco hubo unanimidad sobre qué criterios y preceptos se aplicarían respecto a este tipo de “nuevos” juicios de faltas en los que se debate solo la cuestión civil.

Es decir, el hecho de que el denunciado se acoja a su derecho (penal) de no declarar, tendrá las consecuencias civiles de ello (es decir, ¿se le tendrá por confeso?); para discutir sobre el alcance de las lesiones ¿será menester aportar informe pericial médico? ¿Bastará sólo con aportar la documentación médica para intentar desvirtuar un forense? Lo cierto es que será un “riesgo” el entar en Sala a celebrar este tipo de juicios, dado que no existirá unanimidad entre los distintos Jueces, y por tanto lo que será válido para unos, ser insuficiente para otros.

Respecto de denuncias sobre hechos acontecidos con posterioridad a la entra en vigor de nuevo Código, se indicó que en principio lo que se había acordado que todos los partes de urgencias que los centros médicos remiten a los Juzgados se aperturarian como diligencias indeterminadas, quedando automáticamente archivadas durante el plazo de un año, a la espera de conocer si se presentara denuncia.

Caso de presentarse ésta, según su contenido, S.Sª decidiría si pasan a previas y se le trámite a las mismas, en cuyo caso aunque finalmente fueron nuevamente archivadas o bien terminara con sentencia absolutoria daría lugar a que fuera dictado el auto soa, o bien ya no se admitiría a trámite la misma y por tanto quedarían en indeterminadas, y sin posibilidad a dicho auto.

Importante es pues, la forma en que se redacta la denuncia, ya que para que el Juez pueda valorar si se incoa o no procedimiento tras su presentación, dependerá del criterio de cada uno y por tanto si ya dispone de un atestado donde se explique la dinámica del mismo y de informes médicos que valoren la entidad de las lesiones, podrá tomar la decisión en uno u otro sentido.

Todo ello, evidentemente provocará una grave inseguridad jurídica, mientras no se vayan asentando los criterios y éstos vaya siendo más unánimes. Supondrá asimismo un mayor trabajo por parte de todos nosotros, para intentar asesorar a los clientes de la mejor manera posible, si bien, debiendo advertirles de antemano del delicado momento en el que nos encontramos tras dicha reforma, ya que en principio puede haber resoluciones dispares dependiendo del Juzgado que le toca conocer de un asunto.

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Pese a que cabe indicar que aún está pendiente de ser aprobado, sí que podemos adelantar algunas de las grandes novedades que busca instaurar a fin de que se indemnice lo más justamente posible a la víctimas en accidentes de tráfico, acercándose un poco más a las normativas que rigen actualmente en Europa.

En primer lugar éste nuevo baremo supondrá un aumento medio de las indemnizaciones cifrado entre un 10% y un 15%, debido especialmente a la revisión al alza de las cuantías que perciben los lesionados graves y las familias o perjudicados de los fallecidos, en detrimento de las lesiones menores, que en general se mantienen.

También se les reconocerá el perjuicio económico a las amas de casa, para las que se prevé al menos el Salario Mínimo Interprofesional, pudiendo llegar a recibir un 10% más por cada persona dependiente de ellas y se dará un valor económico a las víctimas que no se habían incorporado al mercado laboral, para las que se fija 1,5 veces el SMI, aunque podrían recibir un 20% más si estaban culminando su formación.

Se regularán los gastos futuros de los grandes lesionados para ciertas secuelas ya que en el baremo actual, sólo se cubren gastos hasta el alta o la estabilización de las secuelas mientras que la propuesta establece que se seguirá ayudando por ejemplo, para la compra de sillas de ruedas, prótesis o en la rehabilitación, intentando en cierto modo beneficiar a aquellas personas que parecen lesiones de por vida tras sufrir un accidente (En la actualidad, la indemnización máxima en un caso extremo de gran lesionado puede llegar a 1.300.000 euros, pero con el nuevo baremo propuesto esa cuantía podría llegar hasta los 3 millones en el caso de que la víctima fuera una persona joven y sus lesiones muy graves como la tetraplejia).

En el nuevo baremo también se diferencia entre daño moral y daño patrimonial a fin de reconocer el derecho a la indemnización del lucro cesante, creándose unas tablas generales para cuantificar el daño patrimonial en cada caso además de intentar mitigar el perjuicio económico cuando la víctima del accidente está de baja, cubriendo todos los ingresos dejados de percibir siempre que se demuestre la pérdida.

Además, también se recogen cinco categorías autónomas de perjudicados en caso defallecimiento: el cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los allegados, teniendo la condición de perjudicado quien está incluido en alguna de dichas categorías (salvo que concurran circunstancias que supongan la inexistencia del perjuicio a resarcir) si bien se considerará que igualmente tiene la condición de perjudicado quien, de hecho y de forma continuada, ejerce las funciones que por incumplimiento o inexistencia no ejerce la persona perteneciente a una categoría concreta o asume su posición”. De esta forma, se incluyen compensaciones para los nietos a cargo de los abuelos que fallezcan en siniestros de tráfico, para parejas de hecho y familiares de segundo o tercer grado, suponiendo el presente punto un gran avance.

Por último han procurado definir el famoso latigazo cervical a fin de intentar frenar los problemas actuales a la hora de objetivarlo y lo define como “traumatismos menores de la columna vertebral”, intentando que en el momento en que sea diagnosticado en base a la manifestación del lesionado sobre la existencia de “dolor”, sin que sea “susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias”, se indemnizarán como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes:

1)“De exclusión”, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología”.

2)“Cronológico”, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable, y en particular cuando se manifiesten dentro de las 72 horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica.

3) “Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.

4) “De intensidad”, que consiste en la adecuación biomecánica entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

Asimismo, se establece que “la secuela que, excepcionalmente, derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal”, por lo que se pretende de ese modo acotar al máximo la subjetividad y intentar.

Cabe mencionar, que no ha habido consenso en la redacción del latigazo cervical, en la valoración de las secuelas psiquiátricas y de daño cerebral ni en las indemnizaciones a través de rentas vitalicias.

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La nueva Ley introduce importantes novedades respecto a las normas de circulación que afectan a los ciclistas. Veamos las más importantes:

1.- El uso del casco en la ciudad será obligatorio para los menores de 16 años, mientras que para los mayores sólo será obligatorio en carretera. La sanción por no llevarlo será de 200 €, y en el caso de los menores, los tutores deberán hacerse cargo de la sanción. 

2.- Los ciclistas deberán llevar encendido el alumbrado del que deban estar dotadas las bicicletas (una luz blanca delante y otra roja detrás), cuando circulen entre la puesta y la salida del sol. En estas circunstancias, cuando circulen por vías interurbanas llevarán, además, colocada una prenda reflectante homologada que permita a los demás conductores y usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros.

3.- La tasa máxima de alcoholemia de los conductores en general (0,25 mg/l de aire expirado) también afecta a los ciclistas, a los que incluye expresamente. 

4.- Se permite a los conductores de bicicleta circular en grupo, extremando la atención a fin de evitar alcances entre los propios ciclistas. Podrán circular en columna de a dos como máximo, siempre lo más a la derecha posible de la vía y colocándose de uno en uno en tramos de poca visibilidad. En autovías sólo podrán circular por el arcén, siempre que sean mayores de 14 años y no esté prohibido por la señal correspondiente.

5.- Los ciclistas deberán circular por debajo del límite de velocidad establecido para el resto de vehículos a motor.  

6.- El vehículo que adelante a un ciclista debe reducir la velocidad y guardar una separación lateral mínima de 1,5 metros, para ello puede ocupar parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada. 

7.- Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor, cuando se circule por un carril bici, por un paso para ciclistas, o por un arcén debidamente señalizado.    

En conclusión, podemos decir que aunque la nueva legislación protege a los ciclistas, todos debemos cumplir y respetar las normas de circulación y seguridad vial para evitar accidentes en los que se ven implicados ciclistas con graves consecuencias.     

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La paralización se produce cuando, por causas ajenas al profesional, se encuentra que no puede llevar a cabo su actividad por tener el vehículo en reparación. Normalmente por un accidente de circulación.

Las Compañías Aseguradoras suelen cubrir, si se contrata dicha garantía, la paralización o reclamación de lucro cesante si bien la reclamación al causante es la práctica reiterada en el día a día de este tráfico jurídico.

La reclamación judicial en este tipo de supuestos suele ser muy habitual, y, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.

Hasta hace no tanto, se efectuaban reclamaciones basadas en dos documentos: Certificado del Gremio de transportistas al que estaba adherido el transportista así como el Certificado de Estancia en el Taller reparador.

En el primer documento se establece el importe medio diario que ingresa el transportista adherido. Es una cantidad BRUTA y no NETA, lo que a efectos de reclamación judicial tiene sus consecuencias por cuanto no se deducen los costes o gastos “inherentes” al vehículo.

Asimismo, el Certificado de Estancia establece los días requeridos para reparar el vehículo y dejarlo en su ser y estado anterior al accidente, y, por tanto, que pueda volver a circular. Es importante atender a las horas de trabajo (UT) necesarias para la reparación pues no siempre coinciden con los días de estancia en el taller. En este sentido, sí que los Juzgados son más laxos –pero solicitando rigor- al valorar que a los talleres se les presume carga de trabajo previa a la recepción del vehículo siniestrado, pueden ser necesarias piezas de fábrica, etc.

Entonces, ante la ocurrencia de un siniestro de no culpa del transportista, procederemos a la reclamación de paralización o lucro en atención a los siguientes factores:

• Certificado de Estancia en el Taller Reparador junto con las facturas de reparación e informes periciales de los daños sufridos. A los días de paralización deberemos deducir los días de fiesta semanal del transportista para evitar que sea deducida de la reclamación. En caso de Flotas es recurrente aportar un Certificado de NO disponibilidad de vehículo de sustitución
• Certificado del Gremio de Transportista. Si el perjudicado/-a está adherido a Gremio, debe aportarse el Certificado si bien no será la prueba fundamental de la pérdida de ingresos pero sí un indicio y prueba a considerar por el Juzgador.
•  Valoración media de los ingresos percibidos por el Transportista tanto unos meses (a poder el mayor plazo posible) anteriores a la ocurrencia del accidente que causa la paralización y  posteriores. Asimismo, las declaraciones fiscales e impuestos son pruebas trascendentales para acreditar los importes medios de ingresos.
• Con ello, se hará una media de ingresos diarios que dejará de ser “meras hipotesis o conjeturas” que establece el Tribunal Supremo en Sentencias de lucro cesante a “hechos notorios y reiterados”. Pasamos de reclamar la “mera probabilidad o hipótesis” a la “verosimilitud suficiente” que requerien nuestros Juzgados y Tribunales, lo que a efectos de la carga de la prueba es fundamental.
• Por último, deben deducirse los gastos inherentes al vehículo. Los podemos distinguir en Gastos variables (directamente vinculados con los ingresos, al variar éstos en el mismo sentido que aquéllos; principalmente combustible y amortización del vehículo) y en Gastos fijos (los que se deben soportar igulamente aunque no se produzcan ingresos y su importe no se modifica a pesar de que los ingresos aumenten o disminuyan). En este sentido el Tribunal Supremo ha establecido que dicha deducción se asimila al 30% de la media de los ingresos de forma habitual.

Dicho lo anterior y a la vista de lo expuesto queda patente la dicotomía entre reclamación del lucro cesante y paralización basada en el Artículo 1.106 del Código Civil frente al causante frente a la valoración de “enriquecimiento injusto” que alega el obligado al pago.

Para la mejor reclamación debe acudirse con una prueba adecuada y concluyente basada en criterios de experiencia que acrediten la reparación del daño (“restitutio in integrum”) recogida en nuestro Código Civil, siendo los anteriores criterios y documentos una muestra contrastada de lo que viene siendo requerido por nuestros Tribunales para estimar una acción de reclamación por lucro cesante o daño emergente para transportistas y flotas.  

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Pues bien, otro de los aspectos del baremo que suscitaba muchas discusiones era si es procedente o no la reclamación de lucro cesante en el caso de graves lesionados, que tras sufrir un accidente, no podían continuar desarrollando su trabajo habitual y en consecuencia se les reconocia una incapacidad total para el desarrollo del mismo. Dicha tematica fue tratada por la Sala Primera del  Tribunal Supremo su la Sentencia 228/2010, de fecha 25 de marzo.

El Tribunal Supremo resuelve que para que pueda concederse una indemnización adicional por lucro cesante, se debe haber acreditado la existencia de un grave desajuste entre el factor del corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante futuro realmente padecido. Y no solamente debe acreditarse que este perjuicio “sea grave”, sino que el mismo no ha de resultar compensado mediante la aplicación de otros factores de corrección y además tener en cuenta que el factor de corrección por incapacidad permanente puede considerarse razonablemente que comprende una compensación por la disminución de ingresos.

De hecho en dicha Sentencia se estima que puede aceptarse como razonable que la indemnización concedida por incapacidad permanente total pueda computarse en un 50% al lucro.

Asi pues, esta Sentencia ha supuesto, que si bien antes se podia otorgar una indemnización por lucro cesante de trato sucesivo, en función del criterio de S.Sª,  a la vista de los informes de los actuarios de seguros, que habitualmente eran apartados para el cálculo de estas perdidas de ingresos, tras esta Resolución del Supremo existen unos criterios que “a priori” resultan claros para saber si procede o no su aplicación y en qué cantidad.

No obstante “huelga decir” que cuando se trata de indemnizaciones de grandes lesionados, lamentablemente son pocas las ocasiones en que se puede llegar a un acuerdo extrajudicial, y más en relación a unas “posibles ganancias dejadas de percibir”, prefiriendo muchas veces las partes que se dilucide la cuestión judicialmente, aportando dictamenes de actuarios de seguros, muchas veces de dificil  comprensión, dando lugar a una dispararidad de Resoluciones dependiendo del Juzgado que enjuicia el tema. Es por ello que, conociendo el criterio del Tribunal Supremo en una cuestión tan controvertida como es el cálculo de un lucro cesante, debiera servir para favorecer un posible acuerdo o bien, caso de no ser posible y tener que pleitear, poder cuantificar la reclamación de manera ajustada y acorde con el criterio de Tribunal Supremo.

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