Un hombre de A Coruña ha perdido la herencia de su fallecida esposa por no cumplir una parte del testamento, que indicaba que el futuro viudo no podría contraer matrimonio por una segunda vez.

La sentencia aplica, según indica Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda, una norma redactada en 1889, que da potestad al fallecido para evitar el futuro matrimonio del viudo o viuda. La ley permite redactar en el testamento una amplia gama de disposiciones.

Nuestro abogado explica:

“El Código Civil regula expresamente que el causante puede imponer en el testamento el cumplimiento de ciertas condiciones para que se pueda instituir al heredero o el legatario pueda aceptar el legado. Estas condiciones serán ilegales si son imposibles de cumplir o contrarias a las leyes o a las buenas costumbres, cuando se tendrán por no puestas”.

En el caso de la sentencia de A Coruña, no solo no es ilícita, sino que viene regulada expresamente en el Código Civil, en su artículo 793.

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El País publica un reportaje sobre este tema: Dejarlo todo atado y bien atado. Este es el principal motivo por el que las personas hacen testamento. Basta papel y bolígrafo o acudir a un notario para evitar más de un problema legal a la familia. O no. Las últimas voluntades del fallecido pueden esconder alguna que otra sorpresa para los parientes, como cuando el difunto impone a sus sucesores condiciones y cargas, incluso de difícil cumplimiento. La justicia ha dado cuenta en numerosos pleitos de las consecuencias de incumplir los deseos de los muertos.

Como explica Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda, el artículo 793 del Código Civil, redactado en 1889, establece que el requisito de no contraer matrimonio para heredar es válido siempre que sea ordenado por el cónyuge, o por los padres o hijos de este. Por lo que “esta condición no es en absoluto ilícita”, asegura.

Otra cuestión, opina, “es que el legislador debería revisar si su contenido es acorde a los tiempos que vivimos”. Según el letrado, la interpretación de la justicia gallega resulta acorde con la intención de la testadora teniendo en cuenta la realidad social del año en que redactó sus últimas voluntades.

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Planificar el hipotético divorcio

Aunque a priori parece poco romántico conviene decir que planificar un hipotético divorcio puede ser una medida práctica e, incluso, conveniente. Según Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda «los cónyuges deben tener claro cuál es el régimen económico matrimonial que rige su unión». Así pues tener claras las condiciones que se darán si se produce el temido desenlace puede evitar situaciones incómodas llegado el momento.

Para ello habrá que establecer antes del matrimonio aquello que se conoce como capitulaciones matrimoniales, que no es más que otorgar mediante escritura pública en qué régimen económico se regulará el matrimonio. Vives afirma que con él «los otorgantes podrán estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio y regular las consecuencias de su separación». Esta es la manera más eficaz de aclarar quién se quedará con qué si finaliza el enlace.

Sorprendentemente, según confiesa el abogado de Sanahuja Miranda, «las capitulaciones matrimoniales no son en absoluto habituales».

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Poner punto y final a un matrimonio no es posible hasta que se realiza el reparto de bienes y se otorga la custodia de los hijos. La existencia de hijos menores hace que el proceso de separación sea más complejo tanto a nivel emocional como legal. Decidir quién hará uso de la vivienda común dependerá del tipo de custodia de los menores y del poder adquisitivo de los padres, señalan desde Sanahuja Miranda Abogados.

¿Cómo se reparten los bienes inmuebles?

Según explica, Ignasi Vives Usón, abogado del despacho Sanahuja Miranda Abogados, en caso de la custodia exclusiva y con relación a los bienes inmuebles, si la vivienda en la que vivía el matrimonio fue adquirida por uno de los cónyuges antes del matrimonio, con independencia del régimen económico matrimonial, la propiedad seguirá siendo del mismo. Aun así, en caso de tener hijos en común, existe la posibilidad de que, si bien la propiedad seguirá siendo del titular, se otorgue el derecho de uso de la vivienda a quien presenté el interés jurídico más necesitado y ostente la custodia de los menores.

“Habitualmente, ya sea por la desigualdad salarial, que tristemente todavía existe en nuestro país, o bien porque todavía la custodia compartida no está plenamente introducida en España, se siguen dando muchos derechos de uso de la vivienda conyugal a favor de la mujer”, observa Ignasi Vives Usón, ya que se le otorga la custodia y, por ende, el derecho de uso de la vivienda si su capacidad económica es inferior a la del exmarido.

El derecho de uso de la vivienda también se puede otorgar durante un tiempo al cónyuge con menor poder adquisitivo incluso en caso de custodia compartida o en aquellos supuestos en que no haya hijos.

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Durante un procedimiento de divorcio podemos indicar que, a grandes rasgos, existen dos principales preocupaciones por parte de los cónyuges.

• ¿Qué ocurre con la custodia de los hijos?
• Y ¿qué ocurre con los bienes inmuebles que ambos cónyuges tienen en común?

En relación con los bienes inmuebles, si la vivienda fue adquirida por uno de los cónyuges antes del matrimonio, con independencia del régimen económico, la propiedad seguirá siendo del mismo. No obstante, para el supuesto de que existieran hijos en común, cabe la posibilidad de que, si bien la propiedad seguirá siendo del titular, se otorgue el derecho de uso de la vivienda a quien presenté el interés jurídico más necesitado y ostente la custodia de los menores.

Habitualmente, ya sea por la desigualdad salarial que tristemente todavía existe en nuestro país, o bien porque todavía la custodia compartida no está plenamente introducida en nuestro país, lo cierto es que se siguen dando muchos derechos de uso de la vivienda conyugal a favor de la mujer, ya que se le otorga la custodia y su capacidad económica es inferior a la del marido.

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Por ello es importante verificar el contenido de las pólizas, que normalmente están compuestas por las condiciones particulares -que son las que definen para el asegurado en concreto cuáles son las coberturas contratadas y los límites indemnizatorios para cada una de ellas-, y las cláusulas generales -que siempre son las mismas en la modalidad de seguro (producto) de que se trate, pero que definen con mayor amplitud cuáles son las coberturas contratadas, en qué supuestos son aplicables, etc-.

Se debe tener en cuenta, por tanto, que las condiciones particulares tienen mayor relevancia sobre las generales, hasta el punto de que en caso de que haya discrepancia entre lo dispuesto en las condiciones generales y particulares, se estará a lo dispuesto en estas últimas.

En otras ocasiones, en seguros industriales, las condiciones particulares y generales se presentan en un mismo documento. Lo que sí hay que saber es que el asegurado debe disponer de una copia de las condiciones generales y particulares, toda vez que es documento que define las coberturas del seguro y su alcance.

A pesar de que todo lo anterior parece sencillo y, en principio, las cláusulas de una póliza de seguro aceptadas por el asegurado son vinculantes para ambas partes al igual que puede serlo cualquier otro tipo de contrato, en la práctica habitual los conflictos son infinitos cuando se trata de interpretar las cláusulas de una póliza de seguro, porque cuando el siniestro llega, las discrepancias entre las partes sobre las coberturas, sus exclusiones y las sumas aseguradas para cada cobertura se ponen de manifiesto, y es importante conocer lo que dice la Ley de Contrato de Seguro y la jurisprudencia de los tribunales en su interpretación.

Para ello, el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro establece la figura de las cláusulas lesivas y la de las cláusulas limitativas del derecho del asegurado. Dicho artículo es la base de miles de pleitos entre aseguradoras y asegurados, por lo que conviene conocer a qué se refieren dichos conceptos.

Por lo que se refiere a las cláusulas lesivas, estás son definidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como las que “reducen considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro” (Sentencia del Tribunal Supremo de 22-04-2016). Pero con lenguaje llano, ¿qué significa esto? Imaginemos una cláusula que contiene unas condiciones para la cobertura de que se trate de que, en la práctica, provoca que la garantía en cuestión sea prácticamente inaplicable.

Pues bien, este tipo de cláusulas, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, serán siempre nulas, esto es, no aplicables en el contrato. Evidentemente, por mucho que un asegurado la considere lesiva y no aplicable, sólo los tribunales de justicia, mediante sentencias, pueden declarar la nulidad de una cláusula de un contrato de seguro. Es decir, hay que pleitear.

Por lo que se refiere a las cláusulas limitativas, se definen también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como las que “se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido” (STS de 07-11-2017). Pensemos, por ejemplo, en un seguro de responsabilidad por daños por agua que nos dice que cubre los daños a terceros por agua en general, pero luego hay otra cláusula de exclusión que expone que no cubrirá el siniestro por agua si afectan a más de un inmueble. Ello, sería, a nuestro juicio, una cláusula limitativa de la cobertura de daños por agua.

Y para las cláusulas limitativas se exigen dos requisitos en el citado artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro:

1. Que destaquen de un modo especial en el contrato, lo que significa que el asegurado pueda distinguirlas del resto de cláusulas fácilmente (mediante el empleo de mayúsculas, negrita, etc.).
2. Que hayan sido expresamente aceptadas por el asegurado mediante su firma. Lo que significa que debe figurar la firma del asegurado en el documento que las contengan.

De no ser así, podrían declararse no aplicables por los tribunales, tras el correspondiente pleito. Y, finalmente, tenemos que citar las cláusulas delimitadoras del riesgo asegurado que, en contraposición a las limitativas, son aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan qué riesgos constituyen dicho objeto, en qué cuantía, durante qué plazo y en que ámbito temporal (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2006). Siguiendo el mismo ejemplo anterior del seguro de responsabilidad civil que cubra daños por agua, sería cláusula delimitadora la que establezca el límite de la indemnización. Estas cláusulas no requieren ser destacadas en el contrato ni la aceptación mediante la firma del asegurado.

No obstante, la distinción entre cláusulas limitativas y delimitadoras no es nada sencilla y ello provoca una gran litigiosidad en los juzgados. Nuestro consejo es siempre asesorarse por profesionales como son nuestros abogados de seguros de vida cuando surja un conflicto sobre la aplicación de una cláusula de una póliza de seguro.

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¿Mejor donar mientras se vive o dejar en herencia? Si en la vida nada es fácil, al poner orden en el patrimonio no hay excepción. Los impuestos de sucesiones y donaciones son un mar de supuestos y factores que pueden decantar la balanza. La tarifa depende de las autonomías: en el caso catalán llega al 32% en ambas.

Los casos más comunes son repartos entre cónyuge e hijos mayores de 21 años. Por el medio, propiedades y efectivo. Partiendo de este escenario,y siempre en el ámbito catalán, para una vivienda habitual se  recomienda hacerlo por herencia por los beneficios fiscales, que no se tendrían con una donación y al ser su domicilio. Con sucesión, tiene una reducción del 95% sobre la base imponible hasta 500.000 euros del valor de la vivienda. Además, no tributa en la renta.

Y es que si se hace por donación, más allá del impuesto, al actualizar el precio del bien para traspasarlo hay una alteración patrimonial que se debe incluir en la declaración. “Es un elemento trascendental, suele bloquear la donación en vida de inmuebles en Catalunya”, apunta Xavier López, director del área fiscal de Sanahuja Miranda abogados.

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«El matrimonio al fin y al cabo es un contrato. En caso de querer rescindirlo, es necesario pactar de qué manera se llevará a cabo la separación y toda la logística de la división de bienes«, explica Ignasi Vives, abogado especialista del despacho Sanahuja Miranda Abogados.

Si bien es cierto que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística presentan un descenso del 3,8% en los divorcios con respecto al año anterior, con 91.645 interrupciones de contratos matrimoniales durante 2019, «debido al confinamiento, las restricciones del Estado de Alarma y la incertidumbre provocada crisis económica, el número de divorcios podría aumentar de cara al 2021«, señala Ignasi Vives.

En caso de llegar al final de un matrimonio y querer embarcarse en los trámites para proceder al divorcio, es indispensable conocer de qué manera se dividirán los bienes que la pareja ha estado compartiendo hasta ese momento, «no solo para salvaguardar la seguridad económica de los individuos en la pareja, sino de todos los componentes de la familia, incluyendo los hijos, que serán quienes hereden en un futuro los bienes de sus padres, si así lo desean los progenitores», añade Vives.

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El matrimonio idealmente implica compartir una vida, pero también bienes materiales, como pueden ser una casa, vehículos, muebles y otros objetos que están sujetos a un valor económico. Cuando el entendimiento en una pareja se acaba, puede terminar también con el contrato de matrimonio y llegar, en consecuencia, a un divorcio.

El matrimonio al fin y al cabo es un contrato. En caso de querer rescindirlo, es necesario pactar de qué manera se llevará a cabo la separación y toda la logística de la división de bienes.

Si bien es cierto que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística presentan un descenso del 3,8% en los divorcios con respecto al año anterior, con 91.645 interrupciones de contratos matrimoniales durante 2019, debido al confinamiento, las restricciones del Estado de Alarma y la incertidumbre provocada crisis económica, el número de divorcios podría aumentar de cara al 2021.

En caso de llegar al final de un matrimonio y querer embarcarse en los trámites para proceder al divorcio, es indispensable conocer de qué manera se dividirán los bienes que la pareja ha estado compartiendo hasta ese momento, no solo para salvaguardar la seguridad económica de los individuos en la pareja, sino de todos los componentes de la familia, incluyendo los hijos, que serán quienes hereden en un futuro los bienes de sus padres, si así lo desean los progenitores.

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El testamento es un documento que recoge las últimas voluntades de la persona fallecida acerca de su herencia. Existen varios tipos de testamentos, aunque hay dos que son los más habituales: el testamento notarial, es decir, que se hace ante notario; y el testamento ológrafo, que es un testamento manuscrito.

«Siempre se aconseja hacer el testamento ante notario, ya que, al ser un profesional del derecho y fedatario público, ejerce una doble función de asesoramiento y de que acredita que la persona que otorga el testamento está en plena facultades», señala Ignasi Vives, abogado especialista del despacho Sanahuja Miranda Abogados.

De hecho, como en todos los ámbitos del derecho de sucesiones, es importante tener el asesoramiento de un profesional para tener una visión clara de las consecuencias de realizar un testamento y cuál es la mejor manera para dejar la herencia, incluyendo un estudio fiscal de la sucesión hereditaria.

Siendo el testamento una expresión clara de una persona sobre lo que quiere que se haga con sus bienes una vez haya fallecido, esta puede escoger libremente a quién deja la herencia. No obstante, en el derecho civil común español, hay que respetar siempre el tercio de la legítima, es decir, de toda la herencia, salvo excepciones tasadas, el derecho que tienen los hijos a recibir un tercio de la herencia, «aunque, en la comunidad autónoma de Cataluña, es un cuarto de la herencia», aclara Ignasi Vives.

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