¿Cuál es la diferencia entre la detención y la retención?

Existe una clara diferencia entre ser retenido y ser detenido:

La retención la podemos describir como una privación de libertad, llevada a cabo por la Policía, de corta duración (no puede superar las 6 horas) y cuyo objetivo es llevar a cabo la identificación y obtención de datos de la persona retenida. La retención no tiene por qué estar vinculada a la comisión de delito, sino que también puede llevarse a cabo en la comisión de conductas sancionadas administrativamente, como es el caso de las contenidas en la famosa “Ley Mordaza”.

Sin embargo la detención es una medida de privación de libertad, también llevada a cabo por la Policía, pero que puede extenderse (y así ocurre en la práctica) más en el tiempo. A pesar de que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos” (art. 520.1 párrafo segundo) lo cierto es que la misma puede extenderse a un máximo de 72 horas, esto es, tres días.

A la mayor brevedad posible, y siempre dentro de ese plazo máximo de 72 horas, la persona deberá ser llevada ante el Juez o ser puesta en libertad.

¿Qué ocurre una vez que se me indica que estoy detenido/a?

En el momento que la Policía procede a la detención de una persona debe informarle que se encuentra en esa situación de privación de libertad y debe comunicarle los motivos de su detención, así como los derechos que le asisten. Igualmente, en el atestado policial deberá constar la hora exacta y el lugar donde se ha llevado a cabo la detención, y ello para poder llevar a cabo un posterior control de esa detención.

Los derechos que asisten a la persona detenida los encontramos recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y son los siguientes:

• Derecho a conocer de forma inmediata el motivo o los hechos por el que ha sido detenido/a.
• Derecho a que tal información se realice por escrito, en un lenguaje sencillo y en una lengua que comprenda.
• Derecho a guardar silencios o no declarar si no quiere, reservándose el derecho de declarar posteriormente delante del Juez.
• Derecho a contestar únicamente a alguna o algunas preguntas que se le hagan, no existiendo la obligación de contestar a todas las preguntas, la persona detenida puede escoger qué preguntas contesta y qué preguntas no contesta.
• Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
• Derecho a designar abogado, de su elección y confianza, siendo que, si no designara a ningún abogado o el mismo no tuviera abogado conocido y de confianza se le asignará un abogado de oficio para su defensa.
• Derecho a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones para controlar la legalidad de la detención, esto es,  que se le debe dar la información necesaria y esencial para poder impugnar, si fuera el caso, la legalidad o no de la detención.
• Derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que se desee la situación de detención en que se encuentra la persona, indicándose el lugar en que se encuentre en cada momento. En caso de ser extranjero/a la persona detenida tiene derecho también a comunicar su detención a la oficina consular de su país. Esta comunicación se hará, por lo general, por los agentes dela autoridad.
• Existe otro derecho de comunicación que es el conocido como “derecho a la llamada”, en el que el detenido podrá comunicarse telefónicamente con la persona de su elección. Esta llamada la realizará el detenido de forma directa pero siempre estará presente un funcionario de policía.
• En el caso de ser extranjero/a derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y mantener correspondencia con ellas.
• Cuando se trate de una persona extranjera que no hable y/o no comprenda el castellano o la lengua oficial, así como cuando se trate de personas sordas o con discapacidad auditiva, tendrá también derecho a ser asistido/a gratuitamente por un intérprete.
• Derecho a ser reconocido por el Médico Forense o su sustituto legal.  
• Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita.

Así pues, la persona detenida tiene todos y cada uno de los derechos anteriormente mencionados pudiendo ejercitarlos o no durante todo el tiempo que dure la detención. Es posible que en un primer momento no nos encontremos más y no necesitemos ser visitados por el médico forense, sin embargo esto puede cambiar a lo largo de la detención, pudiendo hacer uso de este derecho en cualquier momento de la misma.

Desde Sanahuja Miranda abogados aconsejamos a nuestros clientes que cuando se produzca una detención no digan ni hablen nada con la Policía sin estar nosotros delante, que informen inmediatamente que somos sus abogados para personarnos en comisaría de forma inmediata y asistirlos de forma rápida y eficaz, y poder así preservar y controlar que se cumplen con todos los derechos que les asisten, además de diseñar desde el primer momento la estrategia de defensa más conveniente para éstos.

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Las anteriores situaciones descritas son unas cuantas entre muchas que existen y nos han podido ocurrir y en las que seguramente hemos pensado: “da igual, total tampoco es para tanto, seguro que es mucho más lío reclamar que asumirlo…”

Cuando nos encontremos ante alguna de esa situación o semejantes, debemos acudir a un profesional para asesorarnos, pues quizá no estamos tan desamparados como creemos, y podemos llevar a cabo acciones penales contra esa persona, porque estaremos delante de lo que se denomina un delito leve.

Los delitos leves son aquellos delitos recogidos en el Código Penal que están previstos para conductas o hechos de menor gravedad y para los que se prevé una pena mucho más baja según la levedad de la conducta o la cuantía del perjuicio causado.

Dos ejemplos muy claros los podemos encontrar en el delito de lesiones y el delito de daños:

El delito de lesiones regulado en el artículo 147 del Código Penal establece que:

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.
2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.
3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.”

Como es de ver en el delito anterior, dependerá del resultado o de la lesión producida la aplicación del delito en la modalidad leve o la grave. Por ejemplo si nos dan un golpe en la cabeza y nos producen una brecha, será de aplicación el apartado 1º del delito, sin embargo si lo que nos produce la agresión es un simple chichón, también se aplicará este delito pero en su modalidad leve, pero tanto en un caso como el otro el derecho penal nos protege.

Por su lado, el delito de daños regulado en el artículo 263 del Código Penal establece:

“El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.”

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”

En el caso de los daños, se considerará delito o delito leve según la cuantía en que se cuantifiquen los daños producidos. Por ejemplo si lo que se rompe es la puerta de entrada a un edificio que es toda de cristal y cuyo valor es de 700€, se aplicará el apartado primero; sin embargo si lo que nos rompen es el retrovisor de la moto y la reparación del mismo cuesta 200€ se aplicará el segundo párrafo ya que la cuantía del daño producido está por debajo de los 400€.

Los delitos leves están previstos para más delitos de los que a veces creemos, así pues, además de los dos anteriores, la modalidad leve también está prevista para los delitos de hurto, estafa, apropiación indebida de dinero y otras cosas muebles, amenazas, coacciones, entre otros.

Lo que sí es importante es no restarle importancia a este tipo de delitos, pues a pesar de que sus penas son de corta duración, no hemos de olvidar que, a diferencia de lo que ocurría con las antiguas faltas, la condena por un delito leve sí que acarrea un antecedente penal que para poder cancelarlo deben de pasar 6 meses desde el cumplimiento de la pena.

Por eso, desde Sanahuja y Miranda siempre recomendamos, a pesar de no obligar a ello la Ley, acudir a este tipo de juicios asistido de Letrado que defienda los intereses del cliente, pues a pesar de su levedad, al procedimiento hay que acudir con todas las pruebas, hay que realizar calificación jurídica de los hechos, y lo más importante, lo que está en juego es una condena y sus consecuencias.

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La Reforma del Código Penal también ha afectado de manera significativa a la regulación de los delitos de Atentado contra la Autoridad, sus Agentes, los Funcionarios Públicos, y de la Resistencia y Desobediencia.

Con la Reforma operada el legislador da un mayor amparo a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, reforzando su protección, amplía los colectivos objeto de protección y reduce el límite inferior de la penas manteniendo el superior.

Lo más significativo es la nueva definición de atentado en la que se incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de la violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente.

En cuanto a los colectivos objeto de protección, además de la autoridad, agentes y funcionarios públicos, lo más novedoso es que se recoge de manera explícita la protección de los funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones. Dicha previsión legal no hace más que incorporar lo que ya se venía reconociendo por los Tribunales.

También se incluyen como sujetos protegidos los ciudadanos que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios; los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo en un siniestro o situación de emergencia, cuando el atentado tenga la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones así como el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En relación a las penas señalar que se han ampliado los supuestos en los que se agrava la pena, y serán en aquellos supuestos en los el atentado se comenta mediante el uso de armas u objetos peligrosos; se ponga en peligro la vida o pueda causar lesiones graves, especialmente mediante el lanzamiento de objetos o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos; se empleen vehículos a motor contra los agentes o funcionarios; cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

En cuanto a los delitos de resistencia y desobediencia, se considera resistencia cuando se incumple una orden recurriendo al uso de fuerza física o se ejerce oposición corporal, mientras que en la desobediencia se hace caso omiso a las órdenes emanadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones, sin empleo de fuerza física. Se sancionan las conductas graves, y las únicas novedades introducidas son, al igual que ocurre con el delito de atentado, que se sancionan los actos de resistencia y desobediencia al personal de seguridad privada que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mandato de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en relación a las penas, se prevé la multa como pena alternativa a la prisión.

Las conductas que no sean graves, y que hasta antes de la Reforma eran calificadas como faltas, pasan a tener la consideración de delito leve de desobediencia, y son castigadas con penas de multa de uno a tres meses, lo que en la práctica supone un incremento en la pena en relación a la antigua falta, y comporta además, antecedentes penales.

Se puede concluir que lo más significativo es que con la Reforma del Código Penal se otorga mayor protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, algo que venía siendo reclamado por dichos colectivos quienes consideraban que las situaciones de violencia y alteraciones del orden público tenían un leve castigo penal, considerando ciertos sectores de la sociedad, por el contrario, que con dicha ampliación de la protección policial se conculca el derecho de manifestación.

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Entre las novedades introducidas, la más significativa es la desaparición de las Faltas, que son aquellas infracciones penales de menor entidad y que están castigadas con penas de multa, privaciones de derechos y trabajos en beneficio de la comunidad, y cuya condena no genera antecedentes penales. Ello no comporta la despenalización de todas las conductas anteriormente calificadas como tal.

Las conductas que no revisten una gravedad que merezca reproche penal se suprimen en base a la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal; otras conductas se derivan a otros órdenes jurisdiccionales, principalmente a la vía administrativa y a la civil (como por ejemplo, los accidentes de tráfico por imprudencia leve); y aquellas otras conductas más graves se mantienen y se califican de “delito leve” castigándose con una pena leve análoga a la que se imponía por las faltas pero con la diferencia que las condenas por delitos leves comportan antecedentes penales, aunque no serán computables a efectos de reincidencia.

¿Qué conductas se considerarán “delito leve”?

Tendrán la consideración de delitos leves:

a) Delitos contra las personas:

• Lesiones de menor entidad (art. 147.2) y maltrato  de obra (art. 147.3), salvo que se trate de un supuesto de violencia doméstica o de género.
• Amenazas y coacciones leves (art. 171.7 y 172.3), salvo que se trate de un supuesto de violencia doméstica o de género.

b) Delitos contra la inviolabilidad del domicilio:

Mantenimiento contra la voluntad del titular, fuera de horas de apertura, en domicilio social de persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público (art. 203.2)

c) Delitos contra la propiedad (siempre que la cuantía sea inferior a 400€):

Hurto (art. 234.2)

Sustracción de cosa mueble propia (art. 236.2)

Alteración de lindes (art. 246.2) y distracción de aguas (art. 247.2)

Estafa (art. 249.2)

Administración desleal (art. 252.2)

Apropiación indebida (art. 253.2 y art. 255.2)

Defraudación de luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc; (art. 255.2)

Daños (art. 263.1.2)

d) Delitos contra los intereses generales:

Uso de moneda falsa cuyo valor aparente no exceda de 400€ (art. 386.3); distribución o utilización de sellos o efectos timbrados falsos cuyo valor aparente no exceda de 400 € (art. 389).

e) Usurpación de funciones e intrusismo:

Uso público e indebido, sin autorización, de uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial (art. 402bis).

¿Cómo afectará esta reforma a los procedimientos de Juicios de Faltas iniciados con anterioridad al 1 de Julio? 

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/2015 prevé las reglas necesarias para la tramitación de dichos procesos.

Los procedimientos de Juicio de Faltas ya en trámite por hechos que, con el nuevo Código Penal, se tipifiquen como de DELITOS LEVES, continuarán sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el Juicio de Faltas previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo los Juzgados de Instrucción y los de Violencia sobre la Mujer los competentes para su enjuiciamiento.

Aquellos otros procedimientos de Juicio de Faltas ya en trámite por hechos que, con el nuevo Código Penal, resulten DESPENALIZADOS O SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DENUNCIA PREVIA, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo del procedimiento con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el Juez limitará el contenido del fallo de la Sentencia al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución de la Sentencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con la supresión de las faltas se pretende por el legislador despenalizar conductas que dada su escasa gravedad no merecen la intervención del Derecho Penal, descongestionando así la jurisdicción penal de asuntos que pueden resolverse en otras jurisdicciones, tales como los accidentes de circulación, y destinar los medios y recursos a la tramitación de causas de mayor transcendencia. 

Sólo el tiempo nos dirá si la reforma operada cumple con tales objetivos.

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La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, tiene su fundamento en el Artículo 21 del Reglamento General de Circulación, consituyendo un delito objetivo la mera negativa a someterse a la prueba de alcoholemia tal y como recoge nuestro Código Penal.

El Código Penal tipifica esta conducta como Delito en el artículo 383 de la citada Ley, estableciendo que:

“El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (…), será castigado con penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

  Para que se dé el delito anteriormente descrito,   deben cumplirse los siguientes requisitos:

1.- requerimiento expreso por un agente de la autoridad.

2.- negativa expresa y directa del conductor

3.- advertencia por parte de la autoridad policial que la negativa a someterse a dicha prueba es un delito.  

Para el caso que los agentes de la autoridad nos requirieran para la realización de una segunda prueba “para una mayor garantía y a efecto de contraste” (si el resultado de la primera fuera positivo), la obligatoriedad a someterse a dichas pruebas, también se extiende a esta segunda prueba.

Desde luego, la prueba de alcoholemia será en todos los casos una prueba muy relevante. Sin embargo, cabe recordar que en el proceso penal concurren otras circunstancias y hechos que debemos tener en cuenta en aras a la defensa del acusado (por ej.: STC nº 188/2002, Sala 1ª, de 14 de Octubre de 2002).    

Por ello, le aconsejamos que si usted es requerido por los agentes de la autoridad, no se niegue y realice la prueba de alcoholemia. En caso de dar positivo, consulte con un Abogado antes de declarar en Comisaría y en el Juzgado de guardia.  

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Pero no es así: una detención  puede  acabar con la detención  y sin que ni siquiera haya puesta a disposición judicial del detenido o bien que  las  actuaciones   judiciales  pasen  al  Juzgado  de  Guardia  y  el detenido a disposición judicial.

Cuando  estos hechos denunciados pueden  ser constitutivos de delito, pasan a fase de de instrucción -que significa que el juez investigará la comisión de  estos hechos  presumiblemente punibles-; aquí podemos encontrarnos ante la incoación de un procedimiento  abreviado  que es el que se sigue cuando la pena  prevista para el delito es de privación de libertad de hasta nueve años; por lo que en este caso y proceso estaremos hablando  de imputado.

Procesado es lo mismo que imputado, la diferencia radica en el procedimiento  penal incoado, si para el imputado es un proceso abreviado,  para  el procesado  es un procedimiento  penal  ordinario o común, que es el que se sigue cuando la pena prevista para el delito es mayor de 9 años.

Y estaremos hablando  de acusado<犀利士
/strong>, cuando la persona inicialmente imputada  o procesada  ya tiene determinado el objeto de la acusación, es decir cuando  las partes acusadoras y el Ministerio Público solicitan la Apertura del Juicio Oral   mediante el escrito de acusación  o el escrito de calificación y va a ser juzgada o está siendo juzgada