La Reforma del Código Penal también ha afectado de manera significativa a la regulación de los delitos de Atentado contra la Autoridad, sus Agentes, los Funcionarios Públicos, y de la Resistencia y Desobediencia.

Con la Reforma operada el legislador da un mayor amparo a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, reforzando su protección, amplía los colectivos objeto de protección y reduce el límite inferior de la penas manteniendo el superior.

Lo más significativo es la nueva definición de atentado en la que se incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de la violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente.

En cuanto a los colectivos objeto de protección, además de la autoridad, agentes y funcionarios públicos, lo más novedoso es que se recoge de manera explícita la protección de los funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones. Dicha previsión legal no hace más que incorporar lo que ya se venía reconociendo por los Tribunales.

También se incluyen como sujetos protegidos los ciudadanos que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios; los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo en un siniestro o situación de emergencia, cuando el atentado tenga la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones así como el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En relación a las penas señalar que se han ampliado los supuestos en los que se agrava la pena, y serán en aquellos supuestos en los el atentado se comenta mediante el uso de armas u objetos peligrosos; se ponga en peligro la vida o pueda causar lesiones graves, especialmente mediante el lanzamiento de objetos o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos; se empleen vehículos a motor contra los agentes o funcionarios; cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

En cuanto a los delitos de resistencia y desobediencia, se considera resistencia cuando se incumple una orden recurriendo al uso de fuerza física o se ejerce oposición corporal, mientras que en la desobediencia se hace caso omiso a las órdenes emanadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones, sin empleo de fuerza física. Se sancionan las conductas graves, y las únicas novedades introducidas son, al igual que ocurre con el delito de atentado, que se sancionan los actos de resistencia y desobediencia al personal de seguridad privada que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mandato de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en relación a las penas, se prevé la multa como pena alternativa a la prisión.

Las conductas que no sean graves, y que hasta antes de la Reforma eran calificadas como faltas, pasan a tener la consideración de delito leve de desobediencia, y son castigadas con penas de multa de uno a tres meses, lo que en la práctica supone un incremento en la pena en relación a la antigua falta, y comporta además, antecedentes penales.

Se puede concluir que lo más significativo es que con la Reforma del Código Penal se otorga mayor protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, algo que venía siendo reclamado por dichos colectivos quienes consideraban que las situaciones de violencia y alteraciones del orden público tenían un leve castigo penal, considerando ciertos sectores de la sociedad, por el contrario, que con dicha ampliación de la protección policial se conculca el derecho de manifestación.

La entrada Los nuevos delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad se publicó primero en Sanahuja Miranda abogados Barcelona.

Entre las novedades introducidas, la más significativa es la desaparición de las Faltas, que son aquellas infracciones penales de menor entidad y que están castigadas con penas de multa, privaciones de derechos y trabajos en beneficio de la comunidad, y cuya condena no genera antecedentes penales. Ello no comporta la despenalización de todas las conductas anteriormente calificadas como tal.

Las conductas que no revisten una gravedad que merezca reproche penal se suprimen en base a la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal; otras conductas se derivan a otros órdenes jurisdiccionales, principalmente a la vía administrativa y a la civil (como por ejemplo, los accidentes de tráfico por imprudencia leve); y aquellas otras conductas más graves se mantienen y se califican de “delito leve” castigándose con una pena leve análoga a la que se imponía por las faltas pero con la diferencia que las condenas por delitos leves comportan antecedentes penales, aunque no serán computables a efectos de reincidencia.

¿Qué conductas se considerarán “delito leve”?

Tendrán la consideración de delitos leves:

a) Delitos contra las personas:

• Lesiones de menor entidad (art. 147.2) y maltrato  de obra (art. 147.3), salvo que se trate de un supuesto de violencia doméstica o de género.
• Amenazas y coacciones leves (art. 171.7 y 172.3), salvo que se trate de un supuesto de violencia doméstica o de género.

b) Delitos contra la inviolabilidad del domicilio:

Mantenimiento contra la voluntad del titular, fuera de horas de apertura, en domicilio social de persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público (art. 203.2)

c) Delitos contra la propiedad (siempre que la cuantía sea inferior a 400€):

Hurto (art. 234.2)

Sustracción de cosa mueble propia (art. 236.2)

Alteración de lindes (art. 246.2) y distracción de aguas (art. 247.2)

Estafa (art. 249.2)

Administración desleal (art. 252.2)

Apropiación indebida (art. 253.2 y art. 255.2)

Defraudación de luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc; (art. 255.2)

Daños (art. 263.1.2)

d) Delitos contra los intereses generales:

Uso de moneda falsa cuyo valor aparente no exceda de 400€ (art. 386.3); distribución o utilización de sellos o efectos timbrados falsos cuyo valor aparente no exceda de 400 € (art. 389).

e) Usurpación de funciones e intrusismo:

Uso público e indebido, sin autorización, de uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial (art. 402bis).

¿Cómo afectará esta reforma a los procedimientos de Juicios de Faltas iniciados con anterioridad al 1 de Julio? 

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/2015 prevé las reglas necesarias para la tramitación de dichos procesos.

Los procedimientos de Juicio de Faltas ya en trámite por hechos que, con el nuevo Código Penal, se tipifiquen como de DELITOS LEVES, continuarán sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el Juicio de Faltas previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo los Juzgados de Instrucción y los de Violencia sobre la Mujer los competentes para su enjuiciamiento.

Aquellos otros procedimientos de Juicio de Faltas ya en trámite por hechos que, con el nuevo Código Penal, resulten DESPENALIZADOS O SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE DENUNCIA PREVIA, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo del procedimiento con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el Juez limitará el contenido del fallo de la Sentencia al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución de la Sentencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con la supresión de las faltas se pretende por el legislador despenalizar conductas que dada su escasa gravedad no merecen la intervención del Derecho Penal, descongestionando así la jurisdicción penal de asuntos que pueden resolverse en otras jurisdicciones, tales como los accidentes de circulación, y destinar los medios y recursos a la tramitación de causas de mayor transcendencia. 

Sólo el tiempo nos dirá si la reforma operada cumple con tales objetivos.

La entrada Reforma del Código Penal: Supresión de las Faltas se publicó primero en Sanahuja Miranda abogados Barcelona.